miércoles 30/9/20
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La nueva Ley de ordenación del territorio de Andalucía obligaría a la Administración a revisar hasta 600.000 actos administrativos

“Someter a revisión miles de actos con apariencia de fiabilidad socava el principio de la seguridad jurídica en un Estado de Derecho”, ha indicado el portavoz de SOHA.

Con motivo de la exposición pública del anteproyecto de la nueva Ley del suelo andaluz, más conocida como LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía) y el cierre del plazo de alegaciones, la asociación SOHA, Salvemos Nuestras Casas - Axarquía, ha dado a conocer esta mañana en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, el contenido de las alegaciones presentadas a la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en virtud de sus objetivos, entre los que se encuentra el principal: la defensa de los derechos de los propietarios de las viviendas irregulares.

Al acto informativo acudieron el presidente de la asociación, Philip Smalley, y el portavoz de la misma, Mario Blancke.

El presidente de SOHA, Philip Smalley, que agradeció el esfuerzo de la consejería de Ordenación del Territorio en la redacción del nuevo texto, resaltó además que esta Ley reconoce por primera vez, en su artículo 158, la existencia de estas viviendas.

Smalley insistió en que la existencia de la vivienda irregular en la Axarquía es muy diferente a la vivienda ilegal, ya que se estuvieron amparadas por un acto administrativo, es decir, la licencia de obras y la licencia de primera ocupación. “Los propietarios de estas viviendas al adquirir las mismas pagaron las tasas e impuestos municipales que el Ayuntamiento demandó. El Ayuntamiento les otorgó la licencia de obras tras satisfacer dichas tasas creando una apariencia de legalidad”, puntualizó el presidente de SOHA. 

En definitiva, los propietarios de estas viviendas cuya irregularidad ha sido sobrevenida, cumplieron con todo lo que los Organismos Públicos y Privados les demandaron. Todos estos Organismos dieron por válido el acto primero de otorgamiento de la Licencia por parte de los Ayuntamientos y lo validaron aceptando el trámite y cobrando sus correspondientes tasas e impuestos. “Los propietarios de estas viviendas, viendo todo lo anterior, estuvieron convencidos de que estaban dentro de la más estricta legalidad”, añadió Smalley.

Por su parte, el portavoz de SOHA, Mario Blancke, valoró positivamente que su entrada en vigor permita la autorización de obras parciales y circunstanciales de consolidación de las viviendas irregulares, cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición. “Ésta ha sido una vieja reivindicación por parte de SOHA que por fin se ve consolidado en una Ley”. 

Mario Blancke y Philip Smalley,  SOHA

Periodo de prescripción

Sin embargo, Blancke quiso denunciar la ligereza por parte de los ayuntamientos en la aplicación del artículo 47.1.e de la Ley 39/2015 para declarar la nulidad de sus propios actos. “Este artículo se creó para una aplicación de manera excepcional, no para una utilización sistemática para tapar sus propias vergüenzas. Si tan fácil es esta aplicación, debería ser igual de fácil revertir las decisiones de los ayuntamientos de declarar la nulidad de una licencia”.

Por ello, Blancke instó a la Consejería a adoptar una solución “que no vuelva a perjudicar al ya perjudicado, el comprador de buena fe”. El anteproyecto recoge que “la Administración que haya otorgado una licencia u otro título habilitante, contrario a la normativa y ordenación territorial o urbanística, declarará su nulidad mediante su revisión de oficio”, sin embargo, debería condicionarse a los límites de la revisión que marca el art. 110 de la Ley 39/2015 sobre los límites de revisión: “las facultades de revisión no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”. 

El nuevo texto exigiría la revisión de actos administrativos de cerca de 300.000 viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si cada vivienda tiene como mínimo 2 licencias, la licencia de obras y la licencia de primera ocupación o en su caso de uso, hablamos de revisar unos 600.000 actos administrativos. “Someter a revisión miles de actos con apariencia de fiabilidad y que han provocado numerosos efectos negativos socava el principio de la seguridad jurídica en un Estado de Derecho”, describió el portavoz de SOHA. 

“Si existen mecanismos para la declaración de nulidad de un acto administrativo, es razonable pensar que se pueden encontrar mecanismos para revertir esta situación”, continuó diciendo Blancke. El Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía tiene como doctrina  la aplicación de los Limites de Revisión a partir de los 20 años. “Se trata de una doctrina, no de una jurisprudencia y por lo tanto perfectamente revisable. Por eso, hemos propuesto que el plazo límite de revisión debería ser de 12 años, no de 20”.

DAFO

Mario Blancke también señaló que la nueva Ley propone obligar a las viviendas irregulares a solicitar la Declaración de Asimilado Fuera de Ordenación, DAFO, sin embargo, la falta de un procedimiento unificado propuesto por la consejería de Ordenación deja a la discreción de cada ayuntamiento establecer el procedimiento y las tasas administrativas de dicha declaración. “Por ejemplo, sólo en la Axarquía Canillas de Aceituno, Alcaucín y Viñuela tienen tres criterios y tasas diferentes. Esta arbitrariedad de criterios llevará indefectiblemente a retrasos y gastos administrativos, que perjudicarán a los afectados”, comentó. 

“Es cierto que es una tasa municipal y que por lo tanto la competencia también es municipal. Pero cualquiera persona entiende que no conviene discriminar un vecino de otro solamente por tener su propiedad en otro pueblo. SOHA ya envió al Alcalde de Canillas de Aceituno la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Viñuela para que en su caso decide aplicar la misma en su municipio”, puso como ejemplo el portavoz de la asociación.

“Se nos llena la boca para quejarnos de los tratos diferentes entre comunidades autónomas en materia de fiscalidad (por ejemplo, el caso de las herencias mortis causa) pero no somos capaces de unificar criterio ni siquiera en nuestra comarca. Está más que claro que hay Ayuntamientos que quieren otra vez hacer caja con la vivienda irregular”, se quejó Blancke. 

Además, el portavoz anunció que solicitarán al Presidente de la Mancomunidad incorporar esta propuesta de unificación en el próximo Pleno. “La Ordenanza Municipal de la Viñuela nos parece la más equilibrada de los que hasta la fecha se aprobaron”, anunció.

Igualmente, Blancke indicó que están intentando mantener una reunión con el presidente de Diputación, Francisco Salado, con el fin de mediar en esta unificación de criterios.

Cambios de uso

Finalmente, Mario Blancke felicitó que la Junta, de manera acertada, reconociera la importancia de la rehabilitación de las viviendas en los pueblos del interior para evitar la caída del censo de la población. “En este sentido, insistimos en permitir los cambios de uso”, indicó. 

“El anteproyecto reconoce que asentamientos rurales diseminados tuvieron su origen en un modo de vida rural. Muchas construcciones han dejado de prestar el uso originario por abandono de la actividad. Muchos de ellos podrían, sin necesidad de ampliación, rehabilitarse en viviendas para nuestros jóvenes”, concluyó el portavoz de SOHA.

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